El “Malón de la Paz”, ocurrido entre mayo y octubre de 1946 y llamado así por los medios de comunicación de la época, es uno de los hitos en el histórico reclamo de los indigenas puneños por la propiedad de sus tierras y de denuncia de los padecimientos que sufrían en sus Comunidades. Fueron 147 integrantes del pueblo Kolla los que emprendieron la marcha hacia la Plaza de Mayo desde Abra Pampa.
Según nos relata Ezequiel Adamovsky en su investigación Historia de las Clases Populares de la Argentina, todo comenzó en 1945, un buen día, en las alturas de la Puna Jujeña cuando León Cari Solis pastaba sus animales y empleados del terrateniente del lugar le exigieron el pago del “arriendo”, negándose: “Si nunca he pagado los arriendos ¿los voy a pagar ahora que está Perón?”. Fue golpeado y su hacienda, incautada. Es entonces que decide realizar un petitorio por escrito, relatando sus padecimientos y los de los indios puneños por ésos abusos; redacta el escrito, recoge cientos de firmas y, junto con otros dos compañeros, viaja a Buenos Aires. Es allí donde nace la idea de organizar una gran marcha con ése destino.
Desde tiempos inmemoriales, el indio puneño estructuró su economía con un sentido comunal de aprovechamiento de la tierra y los recursos naturales, lo que también se proyectó en su conformación social. A la llegada de los españoles, los naturales de la Puna fueron repartidos en encomiendas entre quienes habían participado de la conquista. En 1705, la Corona Española había otorgado a Juan José Fernández Campero, Marqués del Valle de Tojo una merced de tierras a partir de una encomienda de indios Casabindos y Cochinocas que poseían sus antepasados. Nos dice Gabiela Sica que el interés por la posesión de la tierra, para el indio puneño, no está atravesado solamente por el valor económico que pueda tener la misma sino también por su contenido simbólico ya que recrea lazos de solidaridad que estaban en la base del sentido comunitario de organización social.
Ya en tiempos republicanos y a pesar de que desde 1834, cuando Jujuy se transforma en Provincia, los reclamos de los naturales prosiguieron sin éxito, aunque existía legislación provincial que protegía las tierras comunales, se produjo en la Quebrada de Humahuaca la aparición de minifundios y en la Puna se hizo patente el latifundismo, con tierras que habían sido otorgadas por el Estado o adquiridas en subastas. La problemática por la posesión de la tierra en la Puna alcanzó su punto crítico con el levantamiento armado de los puneños en 1874. Atacarían Yavi, Santa Catalina, Rinconada, obtendrían en triunfo de Abra de la Cruz, para finalmente ser vencidos en Quera con un epílogo de matanzas y fusilamientos que sofocarían la rebelión. Para Ian Rutledge, la revuelta de Quera tuvo como móvil la lucha por la tierra para volver al derecho comunal de propiedad. No obstante esto, los reclamos indígenas proseguirían.
En 1877, Casabido y Cochinoca y otras propiedades puneñas fueron declaradas tierras fiscales por la Corte Suprema de Justica de la Nación que consideró que la familia Campero no tenía derechos sobre ellas: las tierras en cuestión fueron divididas en rodeos y vendidas en pública subasta, siendo adquiridas en gran parte por la familia Campero, incluyendo a Yavi, según nos relata Kindgard.
Ya en el siglo XX, en la década de los años ´20, el radicalismo yrigoyenista había incorporado en su programa político el reclamo puneño por sus tierras e impulsado en la legislatura provincial un proyecto de ley para subvencionar la compra de las tierras en Quebrada y Puna a fin de repartirlas entre sus ocupantes, lo cual no fue acompañada por la oposición y la propia decisión de Yrigoyen, en su segunda presidencia, que había donado dinero de su peculio para adquirir tierras en Humahuaca y ser repartidas entre sus moradores, lo que fue truncado por la restauración conservadora (Kindgard). La sociedad puneña también se enfrentaba al hecho de que el magnate azucarero salteño Robustiano Patrón Costa había adquirido grandes extensiones de tierra puneña con el objetivo de que sus ocupantes pagaran arriendo con el trabajo en el Ingenio San Martín del Tabacal (Rutledge).
En las vísperas del advenimiento del peronismo, mediados de la década de 1940 en el siglo XX, los latifundistas de la Puna eran ausentistas y utilizaban las tierras como bien de renta, cobrando arriendos y pastajes obligatorios a sus habitantes. En 1945, durante la campaña electoral presidencial, el General Perón había lanzado la consigna de “la tierra para quien la trabaje”; el 31 de diciembre de ése año, Perón llega a Jujuy y manifiesta la voluntad de expropiar los latifundios puneños y es así que sus pobladores deciden precipitar la materialización de aquella promesa e inician la marcha hacia la capital del país (Kindgard).
La iniciativa para convocar a los campesinos de las tierras altas jujeñas fue del diputado provincial por Cochinoca Viviano Dionisio del Partido Laborista, arrendatario y antiguo trabajador en la Mina El Aguilar; la organización de la caravana quedó a cargo del ingeniero militar Mario Augusto Bertonasco quien, ya retirado, vivía en Abra Pampa, en donde había entablado relación con dirigentes indios encargados de gestionar ante las autoridades provinciales la concreción de las promesas electorales peronistas.
El peronismo local no se involucró en los preparativos de la marcha ni en su financiamiento porque no estaba de acuerdo con la metodología de presión al gobierno nacional peronista, tampoco se evidenció apoyo por parte de los legisladores de Jujuy ante el Congreso Nacional, cuando los marchantes arribaron a la Capital. Con respecto a cómo se afrontaron los gastos que demandó la marcha, Kindgard considera plausible la versión brindada al periodismo por sus protagonistas, en el sentido de que los costes fueron afrontados por ellos mismos.
Una vez en Buenos Aires, los puneños comprobarían que la política del peronismo con respecto a la reforma agraria, tenía sus límites. Al silencio de Perón y su demora en recibirlos, se sumaría el mutismo e indiferencia de la mayor parte del espectro político y sindical hacia los sufridos campesinos alojados en el Hotel de Inmigrantes, lo cual puede ser entendido como una actitud de neutralización de los conflictos sociales que pudieran derivar en focos de desestabilización del orden político.(Kindgard).
Luego de concretarse la recepción tan esperada, sin resultados materiales, los indígenas puneños fueron sacados por la fuerza del Hotel de Inmigrantes, colocados en vagones sellados con custodia militar y enviados de regreso a Abra Pampa, el 29 de agosto de 1946. Así finalizó el Malón.
A pesar de la fallida experiencia, los reclamos continuaron y sería el Senador por Jujuy, Miguel Tanco (antiguo radical irigoyenista y luego caudillo peronista), quien presentaría en 1947 en el Senado un Proyecto de Ley para la Expropiación de las Tierras Fiscales que pertenecía a aborígenes y pasaran a sus comunidades (Kindgard).
Perón, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (1952), les otorgaría una solución muy a medias, el Usufructo Vitalicio, por una generación, de sus tierras pero no la titularidad de las mismas, proyectándose así el arrendamiento en el tiempo. No obstante sus limitaciones, en comparación con situaciones anteriores y posteriores al Malón, el Estado Peronista se constituyó en un interlocutor accesible para plantear los reclamos de los campesinos puneños (Kindgard).
Al respecto, Atahualpa Yupanqui escribió una carta abierta en el diario “La Hora” uno de cuyos fragmentos reza:
“Te lo advertí, ¡Hermano colla! ¡Recuerdas que te hablé de Condorcanqui, de Katari, de Pillito! Ellos también como tú, se echaron al sol al hombro y caminaron senderos de los Andes hasta las pampas desiertas, con la ilusión que la vida prende en los seres humildes que creen que viven bien piensan y sienten bien”.
Fuente: https://lahistoriaendisputa.wordpress.com/los-malones-de-la-paz
Actor, amante de la Historia y la Ufología.
Miembro de la comunidad "Vicente Catrunao Pincén"
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